Los beneficios del diálogo y los acuerdos
Andrés Santa Cruz, Presidente de la CPC Chile jugó este Mundial de Fútbol como un grande y aunque no pudimos traernos la copa para la casa, sí tuvimos esta semana otro importante triunfo que nos enaltece como nación: el acuerdo logrado entre el gobierno y todos los sectores políticos para mejorar el proyecto de Reforma Tributaria. Sin duda, la clase política ha estado a la altura de lo que demanda la sociedad, demostrando su capacidad de poner el bien general del país por sobre los intereses individuales. Destacamos a sus protagonistas, que con una actitud generosa, dialogaron, negociaron y concordaron un protocolo, buscando interpretar a sectores más amplios, lejos de la soberbia y pequeñez de imponer una postura particular. Recordemos que el camino que nos ha permitido grandes avances en el campo político, económico y social ha sido precisamente el del diálogo y los acuerdos. Durante los últimos 25 años, la convergencia de voluntades entre los distintos actores de la sociedad permitió establecer, entre otras, normas conducentes a promover la disciplina fiscal y la regla del superávit estructural, la autonomía del Banco Central, la propiedad privada como motor del desarrollo, la apertura financiera y comercial. La disposición permanente a buscar puntos de encuentro ha permitido a nuestro país contar con buenas políticas públicas que han cosechado logros notables, como la disminución de la pobreza en alrededor de 30 puntos desde 1987 a la fecha; un alza significativa del ingreso de las personas, que nos sitúa como el segundo país del mundo que más aumentó su PIB per cápita después de China entre 1985 y 2013; el aumento de la expectativa de vida en casi 10 años las últimas tres décadas; la ampliación de la cobertura de la educación superior desde 250 mil estudiantes en 1990 a sobre el millón cien mil en 2012. Pero con todo lo positivo que tiene el hecho de que el gobierno privilegie el diálogo y los acuerdos, los contenidos del protocolo firmado el martes recién pasado, no nos dejan satisfechos ni tranquilos. Si bien la nueva reforma tributaria introduce cambios y mejoras significativos respecto del proyecto original, no elimina su efecto negativo sobre la economía. Desde la CPC, valoramos principalmente lo que se logró en materia de renta atribuida, por presentar ésta serias dificultades operativas, de aplicación, visos de inconstitucionalidad y perjuicios económicos. Junto a esto, destacamos la alternativa de un sistema tributario que incentiva el ahorro y la inversión, así como las mejoras en la situación de las pymes. Pero persisten serios escollos, donde los más graves son el fuerte aumento a la tasa corporativa que alcanzará un 27% en 2018 -situándonos entre los países con carga impositiva más alta de la OCDE- y el impuesto a las personas que puede elevarse por sobre el 40%. Lo anterior no es inocuo a la hora de tomar decisiones de inversión. Y todos sabemos que cuando las empresas invierten menos porque tienen menos caja, se ve afectado el crecimiento, el empleo y las remuneraciones. Una reforma tributaria tan exigente para las empresas como la que ha resultado de este acuerdo, se da además en un momento económico marcado por la desaceleración. Por el lado de la inversión, observamos la caída en las importaciones de bienes de capital sostenida en los últimos cuatro meses. Las ventas del comercio minorista continúan su tendencia a la baja desde el último trimestre de 2013. El IMACEC registró un exiguo crecimiento de 2,3%, y el Banco Central disminuyó su estimación de crecimiento para este año a un rango entre 2,5% y 3,5%. Esperamos que este acuerdo constituya una señal positiva que termine con la incertidumbre que el proyecto había generado. El país tiene grandes desafíos por delante y el camino no está fácil. Es en este escenario económico complejo en el que estamos subiendo los impuestos y comprometiendo voluminosos gastos permanentes. Por lo tanto, la eficiencia en el gasto y la focalización en la calidad de la educación son esenciales para revertir los efectos que en el corto plazo tendrá esta reforma, amén de lo que el país espera. Con la nueva carga impositiva se hace indispensable apuntalar la productividad de nuestras empresas para recuperar la pérdida de competitividad que el alza traerá consigo. Para ello, es fundamental que perseveremos en las políticas y acciones que han demostrado que estimulan la inversión, el crecimiento y el empleo. Con este norte, es urgente superar las dificultades que hoy existen en el sector energético, fundamentalmente, el alto costo y los serios inconvenientes para el desarrollo de nuevos proyectos. También debemos ir concretando los avances que necesitamos en materia de productividad, innovación y emprendimiento. De no hacerlo, los costos del aumento de impuestos serán mucho mayores.
