Alfonso Swett, Presidente de la Confederación del Producción y del Comercio, CPC
En el reputado libro “Por qué fracasan los países”, los economistas Acemoglu y Robinson demuestran que una causa directa del progreso de una nación es el nivel de desarrollo de sus instituciones. Lamentablemente, lo contrario también es cierto. La defensa de las instituciones debe, por tanto, ser un objetivo central de los actores públicos y privados, de manera que ellas cuenten con la máxima calidad y el mejor desempeño.
En este contexto, en la reunión que sostuvimos en la CPC el lunes pasado los empresarios con el Presidente de la República y el Presidente del Senado, planteamos nuestra profunda preocupación por el debilitamiento de algunas instituciones que estamos observando en el país, tal como lo constató este diario en su editorial luego de ocurrido dicho encuentro. A los pocos días de transcurrida la semana, fuimos testigos de diversos hechos que amenazan nuestra solidez institucional. La agresión contra el presidente del Tribunal Constitucional no es solo un acto individual de violencia inaceptable, sino que es el camino por el que se puede transitar a la barbarie social. Al día siguiente, Carabineros de Chile volvió a sorprender al país con la revelación de nuevas mentiras e irregularidades. Por último, el paro portuario tuvo más de un mes a todo el país en vilo, principalmente porque los intentos de la empresa, de los dirigentes sindicales y del gobierno por llegar a acuerdo se vieron superados por un grupo de trabajadores violentos que pasó a llevar la institucionalidad del sindicato y el Estado de Derecho.
Respetar y fortalecer nuestras instituciones no es un llamado que surge solo desde los graves hechos ocurridos esta semana, sino que obedece a una convicción profunda que nos debe convocar a todos a una reflexión responsable. Y aquí un elemento clave a considerar es que el Estado de Derecho es la forma de organización social más avanzada que ha conocido el ser humano. Su gran fortaleza consiste en el ejercicio limitado, responsable y equilibrado del poder, lo que evita el dominio de la sociedad por parte de grupos anárquicos o de gobiernos despóticos. Ello se funda en que toda potestad pública se ejerce a través de instituciones que constituyen el marco de acción y de control del gobernante en el sentido más amplio de la expresión. Por eso, cuando las instituciones se debilitan, lo que se debilita es el ejercicio ordenado, transparente y responsable del poder, y cuando eso sucede, inevitablemente se pone en riesgo la libertad y la seguridad de las personas. Las democracias constitucionales lo son gracias a sus instituciones. Las democracias fuertes tienen instituciones fuertes, donde el sistema de contrapesos se ejerce.
Debilitar las instituciones es la manera de retroceder, de involucionar hacia formas autoritarias superadas por la modernidad. En nuestro sistema constitucional y democrático, la institución fundamental es el Estado de Derecho. El respeto a normas justas, objetivas y comunes a las que nos sometemos todos, es el único espacio en el que podemos encontrarnos hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, viejos y jóvenes, poderosos y débiles, ricos y pobres, en un plano de igualdad y de justicia. Debilitar las instituciones es debilitar la ley; es volver, por ende, a la manada, a la tribu que gobierna y se gobierna por la única ley ajena al derecho: la ley del más fuerte.
Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que escuchar la evidencia empírica para reflexionar con realismo. El Fondo Monetario Internacional, ya el año 2002, nos había demostrado que cuando el Estado de Derecho se fortalece, el ingreso per cápita de los países aumenta y viceversa. En esta misma línea, el año 2004, Jason Higbee y Frank A. Schmid nos muestran en su ensayo “Estado de Derecho y crecimiento económico” que el crecimiento de un país depende de su capacidad de poder hacer valer sus leyes, o sea, no sólo tener institucionalidad, sino que ésta funcione adecuadamente. Si ni la data ni los ensayos económicos convencen a algunos, entonces los dejo con una pregunta de actualidad: ¿Cómo es posible que Venezuela teniendo al año 2018 las mayores reservas del mundo de petróleo, sea el país con mayor decrecimiento económico en los últimos años, con gran parte de su población viviendo en un estado de pobreza y miseria que ya cae a niveles de crisis humanitaria?
Estamos recibiendo un llamado fuerte y urgente a fortalecer la institucionalidad, que debemos responder hoy con la responsabilidad y la profundidad que Chile requiere.
Fuente: El Mercurio, jueves 27 de diciembre.
