“Lo que hemos conocido recién es la culminación de un mal proceso. Desde sus inicios, señalamos que la reforma laboral presentada por el Gobierno no era, en nuestra opinión,  lo que Chile y sus trabajadores requieren, en particular, las mujeres,  jóvenes y  adultos mayores.

Al insistirse con la tramitación del veto, el Ejecutivo está echando abajo el único elemento de modernización de relaciones laborales que el mismo Ejecutivo había propuesto originalmente en esta iniciativa.

La promulgación de la ley puede traer una judicialización de las relaciones laborales, dadas las múltiples incertidumbres no resueltas que contiene la misma”.

Alberto Salas, Presidente CPC

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