PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CPC, ANDRÉS SANTA CRUZ, EN ENADE 2013: “PLUS ULTRA”

Desafíos para alcanzar el umbral del desarrollo.

17 de octubre de 2013

La invitación que hoy nos hace ENADE a “mirar más allá”, “plus ultra”, orientando nuestras prioridades y empeños en el Chile del futuro, tiene especial relevancia en este momento de la vida nacional. Porque a sólo un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, se acentúa la tentación de propuestas populistas y acciones poco responsables que sólo traen beneficios en el corto plazo. Qué más oportuno,entonces, que el llamado a mirar hoy por encima de la coyuntura y el interés particular, privilegiando el bien de Chile.

Para enfrentar el futuro con responsabilidad, es importante tener en cuenta los aciertos del pasado, que con el tiempo se han constituido en las fortalezas de las que hoy gozamos como nación y que no podemos darnos el lujo de poner en riesgo. Mientras avanzamos en nuestro nivel de desarrollo, debemos fijarnos metas más exigentes, pero sin olvidar nunca las condiciones básicas que han sustentado este avance.

Claramente, una gran fortaleza de Chile son sus Instituciones. El índice de Competitividad Global 2013-2014, arroja que “un sólido entorno macroeconómico, con una adecuada estructura institucional, un presupuesto público equilibrado y bajos niveles de deuda pública, proveen a Chile de sólidas bases que permiten sostener y mantener su liderazgo competitivo en la región”.

La historia nos muestra que la fortaleza de las instituciones tiene una importancia crítica para la vida de una nación, entre otras razones, porque la estructura institucional es determinante de la tasa de crecimiento. De hecho, el análisis de las reglas del juego que configuran el entorno en el cual se desarrolla la actividad productiva, es esencial para comprender las diferencias que se observan en el desempeño de las diferentes economías.

Estudios empíricos de connotados economistas señalan que variables tales como un índice de democracia y la fortaleza del estado de derecho, pueden explicar una fracción importante de las diferencias en las tasas de crecimiento del producto por habitante entre países.

Por el contrario, instituciones débiles impiden el crecimiento y minan la implementación de políticas macroeconómicas de calidad, con las negativas consecuencias que ello trae para el bienestar de las personas y la paz social. Ejemplos en el mundo hay muchos…

En el caso de Chile, los cambios en la estructura institucional que se iniciaron en la década de los 80 y se profundizaron con el retorno a la democracia, crearon los cimientos de nuestro actual sistema económico. Se establecieron, entre otras, normas conducentes a promover la disciplina fiscal y la regla del superávit estructural, la autonomía del Banco Central, la propiedad privada como motor del desarrollo, la apertura 2 financiera y comercial; todos factores que permiten explicar un profundo cambio en la economía chilena, el que ha posibilitado un importante progreso en los niveles de vida de la población.

En concreto, las buenas políticas públicas aplicadas en los últimos 30 años, han cosechado logros notables como la disminución de la pobreza en alrededor de 30 puntos desde 1987 a la fecha; un alza significativa del ingreso de las personas, que sitúa a Chile como el segundo país del mundo que más aumentó su PIB per cápita después de China entre 1985 y 2013; el aumento de la expectativa de vida en casi 10 años las últimas tres décadas; la ampliación de la cobertura de la educación superior desde 250 mil studiantes en 1990 a sobre el millón cien mil en 2012.

En los últimos 25 años, mientras el mundo y América Latina crecían al 3,5% y 3,1%, respectivamente, Chile logró hacerlo al 5,5%. Esto ha sido posible principalmente porque hemos contado con un marco institucional estable; con un conjunto de reglas y normas de conducta concebidas para maximizar el bienestar social, logradas a través del diálogo y de amplios acuerdos.

Hoy que nos encontramos en una etapa muy decisiva para el futuro del país, debemos perseverar en aquellas reglas del juego que han demostrado que estimulan el crecimiento, el emprendimiento, el empleo, el bienestar y la felicidad de las personas, sin perjuicio de realizar los perfeccionamientos que sean necesarios y que el siglo XXI nos demanda.

Porque no nos engañemos. A pesar de los grandes logros, aún persiste un desafío país que no podemos soslayar: superar las desigualdades que subsisten en nuestra sociedad y derrotar la pobreza.

Por eso, la aspiración de ser un país desarrollado hoy no puede ser sólo un sueño lejano que estamos tratando de cumplir… La concreción de esta meta conlleva un imperativo ético que nos obliga a ser responsables y eficientes al máximo, de modo de garantizar a las generaciones futuras que Chile será para ellos un mejor lugar para vivir. Pero ojo, como dice el dicho, “nunca mucho costó poco”.

Por lo tanto, para triunfar debemos abocarnos a una serie de tareas urgentes, las cuales deben desenvolverse dentro de un sólido marco institucional, con la plena vigencia del estado de derecho, manteniendo las políticas económicas que incentivan la inversión privada.

Ustedes saben mejor que nadie que el clima propicio para la inversión es crucial para crecer, crear empleos y aumentar la productividad. Recordemos que países como Singapur, Corea e Irlanda, cuando tenían un nivel de desarrollo similar al que Chile presenta hoy, lograron un crecimiento rápido invirtiendo en torno al 30% de su PIB. Nosotros necesitamos llegar al 28% del producto, para mantener una tasa de crecimiento potencial superior al 5%.

La contraparte de esta inversión es siempre el ahorro, ya sea nacional o externo. El ahorro externo y el fiscal se encuentran cerca de su nivel tope, por lo que la fuente de financiamiento adicional realista es el ahorro nacional, particularmente el proveniente de los privados, del cual dos tercios corresponde a las empresas. Debemos evitar, por lo tanto, todo lo que atente contra ello, ya sea en el campo tributario o regulatorio.

De hecho, un buen sistema tributario tiene que minimizar las distorsiones que generan los impuestos en las decisiones de emprendimiento y en las de consumo versus ahorro, de manera que se maximice la tasa de crecimiento de tendencia del producto y el empleo, especialmente a través del impulso a las inversiones. Ya lo hemos señalado anteriormente: los impuestos nunca son neutros, las tasas no son dogmas de fe, y se debe tener siempre la eficiencia en el gasto como objetivo central.

Exigimos, por tanto, al Estado cumplir bien su rol en esta materia, que sepamos en qué y cómo se gastan nuestros impuestos, que tengamos una verdadera “conciencia de contribuyente”.

En este marco, resulta evidente la urgencia de centrar los esfuerzos en destrabar las inversiones en todos los sectores de la economía, las cuales están siendo afectadas por las crecientes trabas administrativas y judiciales; la incertidumbre respecto de cómo resolveremos el tema de la consulta contenida en el Convenio 169 de la OIT; y una oposición de la ciudadanía que a veces tiene una visión distorsionada de los proyectos. También es fundamental contar con una visión e institucionalidad estable de mediano y largo plazo, porque cualquier proyecto de inversión requiere de exhaustivos estudios, acuerdos transversales, y un largo período de maduración y materialización, que muchas veces supera los tiempos políticos.

En forma particular, en el sector energético, ustedes saben que hoy el escenario es muy complejo. Mientras la demanda eléctrica crece, las empresas del sector no logran concretar sus planes de inversión. Por eso, es tan grave que algunos incentiven el bloqueo de los proyectos y confundan a la ciudadanía, a veces, movidos por intereses económicos o políticos.

En este panorama, a la empresa le compete la responsabilidad de crear valor social y ambiental en las comunidades donde desarrolla sus proyectos, manteniendo hacia ellas una actitud respetuosa, transparente, cercana y colaborativa, en la búsqueda de mayor bienestar y oportunidades para todas las personas que están vinculadas al proyecto. Incluso, proponemos buscar mecanismos que favorezcan a las comunidades locales, permitiendo mejorar la equidad en la distribución de los beneficios y costos asociados a su desarrollo y operación. Llamamos a un “nuevo trato”, que cuente con un amplio acuerdo y permita reactivar las inversiones que el país requiere.

Un estudio reciente encargado por la CPC a un grupo transversal de expertos, concluye que las dificultades existentes ponen en riesgo el suministro energético a precios razonables a partir de los próximos 3 a 4 años, y augura una inminente estrechez energética. El informe también señala que la sociedad chilena ya está debiendo asumir un sobrecosto de más de un 50% en el precio del suministro eléctrico -equivalente a 2.000 millones de dólares anuales-, lo que no solo afecta la cuenta de la electricidad de millones de hogares, sino que daña severamente la competitividad de todo el aparato productivo chileno.

Por tanto, llamamos a todos los actores involucrados a “mirar más allá” y no arriesgar puntos de crecimiento -con los inevitables efectos que ello tiene en el bienestar de las personas- por ganancias cortoplacistas.

Hoy también arriesgamos puntos en el bienestar si no enfrentamos otro tema crítico para nuestra productividad y competitividad, como es el laboral. No olvidemos, además, que el empleo es uno de los mecanismos más eficientes para disminuir las desigualdades. Volviendo al último informe del World Economic Forum, éste señala entre las principales debilidades de la economía chilena, la calidad de la educación, los costos de despido y la baja participación de las mujeres en la fuerza laboral.

Pero antes de detallar las tareas pendientes en esta materia, quiero destacar los buenos resultados del empleo en los últimos años, registrándose no sólo tasas bajas, -la cifra actual de 5,7% posiciona a Chile como uno de los países con menor desempleo del mundo-, sino también, un gran avance en la mejora de la calidad de estos nuevos trabajos.

De acuerdo al último Informe Anual de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, desde hace varios años, se observa una caída persistente en el porcentaje de trabajadores con remuneraciones imponibles menores a 300 mil pesos, que superaba el 80% en el año 2002, y bajó a 35% en 2012. El tramo de mayor 4 relevancia el último año, pasó a ser el de remuneraciones mayores a 800 mil pesos, con 22% del total de los cotizantes.

Por otra parte, en materia de seguridad laboral, nuestro país también tiene logros importantes. La tasa de accidentabilidad en las empresas afiliadas al sistema mutual ha bajado a un 4,9% el 2012, cercana a la meta del 4% propuesta por el gobierno para 2014. No descansaremos en esta tarea, porque detrás de cada accidente hay una persona y una familia afectada, y nuestra primera preocupación es el ser humano.

Pero claramente subsisten desafíos pendientes que pasan por realizar los cambios necesarios a nuestra legislación laboral, de modo que se permitan los ajustes y adaptaciones que generen una mayor empleabilidad mejorando las oportunidades para los trabajadores.

Una primera tarea es afrontar la realidad de las mujeres y jóvenes, que requieren mayores oportunidades de acceso a un trabajo formal y protegido.

El desempleo de las personas entre 15 y 24 años, bordea el 17%, mientras que el del resto de la población no supera el 4%. En términos generales, triplica la desocupación a nivel nacional, fenómeno que se repite en muchos países del mundo.

Las estadísticas también dan cuenta de la necesidad de aumentar la participación laboral de la mujer, aunque debemos reconocer el importante crecimiento que ella ha registrado los últimos años. Con todo, actualmente se encuentra en torno al 47%, por debajo de los países de América Latina y de la OCDE, donde alcanza el 60%.

En ambos grupos se están perdiendo o subutilizando talentos, por no contar con alternativas laborales que se ajusten a sus posibilidades de tiempo e intereses.

Para avanzar en estas tareas, es fundamental que se dé más valor a los acuerdos que trabajadores y empleadores puedan suscribir para adaptar sus condiciones de trabajo en áreas claves, tales como jornadas laborales, turnos y tele trabajo, entre otras. Ellos son los que mejor conocen los requerimientos de la empresa y sus propias necesidades.

La CPC siempre ha propiciado el diálogo social y los acuerdos con los trabajadores. Y aquí la CUT ha sido nuestra contraparte en la tarea diaria de construcción de confianzas y generación de acercamientos y acuerdos. Hoy podemos mostrar con orgullo el trabajo conjunto realizado a lo largo de los últimos años, que culminó en una Declaración de Voluntades que abarca desde el multirut, hasta la reforma al seguro de cesantía.

Creemos firmemente que el diálogo siempre será más fácil y más productivo cuando las empresas cuentan con sindicatos representativos que velan de manera decidida por los intereses de los trabajadores afiliados, porque se está frente a un interlocutor que facilita la generación de confianzas y el intercambio transparente y fluido. Sin duda, el sindicato es el principal actor en la negociación colectiva, tal como lo reconocimos públicamente en el acuerdo entre la CUT y la CPC, que destaca también la necesidad de ampliar las materias propias de ésta.

Con este ánimo dialogante y constructivo, seguimos trabajando hoy los representantes de la empresa y de los trabajadores, conscientes de que la adaptabilidad laboral es un factor crítico de éxito para la empresa nacional y para una parte sustantiva de la población que exige oportunidades laborales a su medida, que no signifiquen vulneración de sus derechos.

Una institucionalidad laboral moderna y dinámica, junto con las reformas en educación y capacitación, permitirá aumentar la productividad de los trabajadores y disminuir las brechas que hoy afectan especialmente a los jóvenes y los con menos educación.

Para nadie constituye una novedad que nuestro sistema educacional enfrenta ante todo, y por años, serios problemas en la calidad, a lo que se suma las dificultades en el financiamiento. Superar estas limitaciones constituye un desafío moral para nuestra sociedad, pues la educación de calidad -desde el nivel preescolares el instrumento más poderoso para entregar verdaderas oportunidades de desarrollo a las personas, y por ende, disminuir las desigualdades. Y aquí la clave es lo que ocurre en el aula, y la responsabilidad del profesorado en esta tarea. Lamentablemente, no vemos que éstos sean hoy los temas prioritarios de la discusión nacional.

La educación, por otra parte, debe ser considerada como un proceso de aprendizaje continuo. En este sentido, hoy debemos mejorar el sistema de capacitación de los trabajadores, donde claramente nuestro país está al debe, pues no hemos logrado que, al capacitarse, la persona efectivamente perfeccione sus habilidades y, por ende, su nivel salarial.

Junto a los objetivos de una mejor educación y capacitación, de un mercado laboral moderno y contar con energía competitiva, también debemos seguir avanzando decididamente en salud, regionalización, seguridad pública, modernización del Estado, infraestructura, entre otras. En la consecución de todas las tareas, es fundamental que esté presente el valor de la confianza entre todos nosotros, la búsqueda de grandes acuerdos, el diálogo, el entendimiento y el respeto a las minorías.

Los empresarios asumimos con responsabilidad y entusiasmo este reto y, como siempre, continuaremos aportando con nuestro trabajo, optimismo y perseverancia al progreso de las personas y del país. La empresa es el motor de la actividad económica, el crecimiento y el desarrollo de las naciones. Ello implica para nosotros no sólo ser eficientes en el uso de los recursos productivos, sino además, ejercer esta tarea en un contexto de valores superiores, poniendo a la persona humana en el foco de cada decisión y escuchando atentamente las inquietudes de la sociedad. Por eso, quiero reiterar en este encuentro empresarial que a la CPC no le temblará la voz ni le faltará carácter para condenar decididamente y no amparar jamás ningún tipo de práctica empresarial reñida con la ética. En esto no podemos dudar nunca, independiente de quiénes sean los afectados. Por lo anterior, estamos dispuestos a estudiar modificaciones a la legislación vigente, que incluso contemplen eventuales responsabilidades penales para evitar al máximo acciones ilegítimas. Porque no podemos aceptar que la conducta de unos pocos ponga en tela de juicio el actuar de la gran mayoría de los empresarios de Chile que día a día buscan lo mejor para sus colaboradores y clientes, operan con transparencia, lealtad, respeto y responsabilidad en todas sus decisiones.

Junto al importante rol que ha jugado la empresa privada en nuestro desarrollo económico y social, quiero destacar también el de los gremios empresariales, que en una óptica de cooperación pública-privada, hemos participado activamente en procesos cuyos frutos hoy son notorios y constitutivos de nuestro desarrollo político económico. Así, su decidido apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad; su participación en la apertura comercial de Chile; su respaldo a las políticas de responsabilidad fiscal; su contribución a los grandes acuerdos globales para períodos específicos como la agenda Pro Crecimiento, las medidas económico sociales adoptadas para enfrentar la crisis financiera internacional del 2009, el Impulso Competitivo y la Agenda Pro Inversión, constituyen vivos ejemplos de esta actuación.

No le fallemos a Chile y a nosotros mismos en la misión de hacer del nuestro un país desarrollado.

Las pocas semanas que quedan para las elecciones constituyen una oportunidad para que todos los actores nacionales sigamos aportando en el debate de las ideas y propuestas acerca de los desafíos que Chile enfrenta. Hoy vemos con preocupación la explosión de demandas de diversa índole, muchas populistas, imprudentes y livianas, y que tienen un impacto significativo en el gasto fiscal. Llamamos a ser serios y  responsables en las propuestas que generan expectativas desmedidas o poco realistas, que no se condicen con un crecimiento sostenible, no apuntan a solucionar los problemas de las personas y ponen en riesgo la paz social.

Para continuar con el vigoroso impulso al desarrollo, es fundamental la valorización y el fortalecimiento de la actividad política, sus instituciones y actores. A ella convocamos a los mejores ciudadanos del país,porque es por medio del actuar político e institucional que las demandas deben priorizarse, canalizarse y ejecutarse.

Estamos ciertos que las próximas autoridades sabrán continuar en la senda de crecimiento y progreso de cada uno de los conciudadanos. Como siempre, nuestro estilo seguirá siendo la cooperación públicaprivada, el diálogo sin exclusiones, la consecución de los acuerdos y la búsqueda del bien común. Los empresarios estamos comprometidos con nuestro país y con el bienestar de todos los chilenos.

Muchas gracias.

FacebookTwitterGoogle Gmail