Andrés Santa Cruz, Presidente de la CPC
Un país en que se respetael Estado de Derecho, con primacía de la ley, certeza jurídica y una democracia estable. Un país que los últimos años ha crecido sobre el 5% a pesar de la crisis financiera mundial, y que hoy tiene niveles de desempleo en torno al 6,5%. Un país en que las remuneraciones experimentaronen promedio un alza real de un 4,7% en 2012,y la pobreza ha disminuido en 30 puntos desde 1987 a la fecha. Ese es Chile.
Aunque aún nos queda mucho por avanzar, especialmente en una efectiva igualdad de oportunidades, los anteriores son datos de los cuales los chilenos nos podemos sentir orgullosos, sobre todo considerando los grandes esfuerzos realizados por toda la sociedad para alcanzarlos. Como cualquier bien -ya sea social, material o espiritual-, es tareade todos cuidar estos activos con responsabilidad y sensatez.
Por eso, preocupa enormemente cuando vemos a algunos sectores protagonizando acciones que nada colaboran con este objetivo. El paro portuario, las tomas de la Ruta 5 Sur, la huelga “de advertencia” en Codelco, los encapuchados y sus actos de violencia, son ejemplos desucesos por los cuales nuestro país, y por ende la sociedad entera, paga un alto precio.
El paro portuario, que se prolongó por casi tres semanas, es el más grave de este tipo dehechos acaecido en los últimos meses. Resulta una mala práctica que a una huelga ilegal que nace en un puerto determinado se le unan, aduciendo al principio de “solidaridad”, varios puertos a lo largo de todo el país, a sabiendas del enorme perjuicio que un paro portuario produce en vastos sectores del país,amén de la ilegalidad en que se incurre.Sería un agravante, además, si algunos grupos hubieran intentadoinstrumentalizar los sindicatos, buscando resultados que no se relacionaran directamente con las demandas o intereses de los trabajadores de los puertos.
Junto a los altos costos económicos a pagar, con consecuencias dolorosas para miles de pequeños y medianos agricultores, transportistas, comerciantes,existe una serie de efectos de mediano y largo plazo. En primer lugar, está el daño a la imagen de nuestro país como nación exportadora confiable, que cumple con los plazos de entrega de sus mercancías, además de la calidad de los productos. La reputación constituye un activo de las personas, de las empresas, de los países que debe preservarse con ahínco, pues le da valor a quien goza de ella y lo hace preferible por los demás. Es un reconocimiento con el que nuestro país ya cuenta porque ha hecho bien las cosas, y nadie tiene derecho a ponerlo en peligro.
Tenemos que cuidar a Chile. Esto implica realizar los máximos esfuerzos por resguardar nuestro principal activo, la supremacía del Estado de Derecho, con todo lo que ello implica en cuanto a respetar las personas, las instituciones y las leyes.
El Estado de Derecho y la seguridad jurídica son, además, requisitos fundamentales para el crecimiento económico sustentable, pues incentivan la inversión, permiten reducir costos, fomentan la innovación y el emprendimiento.Y lo más importante: es el crecimiento económico sustentable el que genera desarrollo humano, con el consecuente círculo virtuoso en bienestar y felicidad de las personas.
No permitamos, entonces, que los paros ilegales, las acciones violentistas o la irracionalidad prevalezcan en nuestro país como manera de corregir problemas, plantear las diferencias o presentar legítimas demandas. Nuestra sociedad, hoymucho más informada y exigente, tiene derecho a manifestarse y debe ser escuchada. Pero el buen juicio nunca necesita violencia ni medidas de fuerza. El diálogo abierto, sincero y sin exclusión, sin duda es el camino para continuar en la senda de crecimiento y desarrollo humano.
Por tanto, lo más importante es conservar un país donde prima la razón, la voluntad de entendimiento, el derecho a discrepar, el respeto a las personas e instituciones, la paz social, en fin, todo lo que ha posibilitado que Chile sea un ejemplo no sólo en Sudamérica sino también en el mundo.
